El Supremo rechaza una demanda de Boliden de 248 millones a empresas españolas

Boliden demandó a las empresas que recrecieron la balsa de Aznalcóllar. La multinacional sueca las consideraba ‘responsables’ del vertido tóxico. El Alto Tribunal sostiene que no hubo “cáculos erróneos” en la balsa.
Fuente: El Mundo,  25/01/2012
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/25/andalucia_sevilla/1327509498.html

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Madrid que desestimó la demanda de 248 millones de euros de la multinacional sueca Boliden contra ACS, Intecsa-Inarsa, Geocisa y otras empresas españolas por considerarlas responsables del vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar en 1998.

La Sala de lo Civil del Supremo confirma la interpretación de no hubo ningún incumplimiento contractual por parte de las constructoras que recrecieron la balsa de residuos de la mina y añade que el archivo de las diligencias previas penales contra alguno de sus directivos no tiene “efecto vinculante” en la vía civil.

Boliden demandó a las empresas que en 1996 recrecieron su balsa y les exigió 248 millones por los daños sufridos y las cantidades que le reclamó la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como consecuencia del vertido tóxico de 1998 en los aledaños del Parque de Doñana, en la mayor catástrofe ecológica de los últimos años en España.

Ahora, el Supremo se refiere al informe técnico aportado a la primera causa penal en Sevilla, según el cual no hubo “cálculos erróneos” en la balsa de estériles, sino que aún existen dificultades para conocer la reacción de determinados materiales y los fenómenos de “rotura progresiva”.

El Alto Tribunal también desestima el recurso planteado por Banco Vitalicio, una de las partes demandadas, sobre la falta de capacidad procesal de Boliden, ya que sus administradores concursales autorizaron la preparación del recurso pero no su interposición, defecto que fue “válidamente subsanado”.

Además, el Supremo rechaza el “efecto vinculante” de la sentencia de la sala de lo Contencioso de este mismo tribunal, que en 2002 confirmó con algunas modificaciones la sanción de 41 millones de euros impuesta a Boliden por el Consejo de Ministros, ya que en dicho proceso no fue parte ninguna de las ahora demandadas.

Sobre el “efecto vinculante” del archivo dictado en las diligencias abiertas en Sevilla, dice la sentencia que una resolución que se centró únicamente en la falta de indicios para imputar a determinadas personas no puede afectar a un litigio “de la importancia económica del presente, cuyas actuaciones ocupan siete baúles y veinticinco cajas”.

Además, el auto de archivo penal tenía como “idea fundamental que toda actuación sobre la presa se atuvo a la práctica habitual o convencional”.

Junto a esta reclamación en la vía civil de Boliden contra las constructoras, la Junta de Andalucía ha visto rechazada en la vía civil y en la contencioso-administrativa su intento de cobrar 90 millones de euros a la multinacional sueca por los gastos derivados de la limpieza del vertido.

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