El resurgimiento de la minería andaluza al calor del auge generalizado de los metales en los mercados mundiales está generando grandes oportunidades económicas y de empleo en diferentes poblaciones de Sevilla y Huelva. Y más que va a generar, auguran los expertos. Hasta 20 nuevos permisos de investigación en otras tantas minas dormidas de la Faja Pirítica onubense está tramitando actualmente la Junta de Andalucía. Sin embargo, la larguísima resolución de los expedientes paraliza cuantiosas inversiones y acaba por disuadir a empresas interesadas, según se puso de manifiesto en una jornada técnica sobre la minería de la Faja Pirítica que se ha celebrado en Sevilla, en la que participaron compañías mineras, profesionales del sector y representantes de las administraciones.

Abrir una mina cuesta entre 180 y 200 millones de euros y años —y hasta décadas— de tramitación en Andalucía. La explotación de Cobre Las Cruces (CLC) comenzó 18 años después de que se solicitara el primer permiso de prospección. Esta mina sevillana, que da el cobre de mayor pureza que existe en el mundo, y la de Aguas Teñidas (Matsa) en Almonaster la Real (Huelva) son las dos grandes explotaciones ya activas. La inversión en ambos proyectos supera los mil millones de euros en investigación y sondeos, trabajos previos a la reapertura y plantas de tratamiento de mineral. Las empresas, que han dado empleo a más de 1.600 trabajadores, han contado, no obstante, con importantes ayudas de la administración autonómica.

Otros proyectos llevan años esperando. La reapertura de las Minas de Riotinto, después de cinco años de gestiones por parte de los inversores, la compañía chipriota Emed Tartessus, puede encontrarse ya en la última fase. La gran complejidad jurídica por la titularidad de las acciones de la antigua sociedad, está siendo un gran escollo. Lomero Poyatos y la Mina de La Zarza, también en la cuenca minera de Huelva, están a la espera de la luz verde después de tres años de trámites.

Valor multiplicado

Andalucía representa en torno al 20% de la minería española. Según los datos aportados por José Carrasco, presidente de Aitemin, el valor de producción nacional del sector alcanzaba los 3.424 millones en 2010, de los que 627,1 millones corresponden a Andalucía. Dentro del sector regional, la minería metálica de la Faja Pirítica ha dado un salto de gigante en los últimos años al pasar de 80 millones en 2009 a 293 millones de 2010. El sector genera 5.796 empleos directos (sin industria auxiliar ni subcontratas) en la comunidad autónoma.

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha señalado este viernes que la Junta de Andalucía apoya el desarrollo en la comunidad autónoma de las nuevas iniciativas de minería que se rijan por los principios de sostenibilidad, garantías medioambientales y compromiso con su entorno, lo que hará de Andalucía un referente mundial en esta materia.

Díaz Trillo, que ha clausurado en Sevilla las jornadas ‘La minería metálica en la Faja Pirítica, un impulso económico sostenible’, organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, ha señalado que el 89 por ciento de los expedientes de Autorización Ambiental Unificada (AAU) tramitados en los últimos cuatro años por Medio Ambiente se han resuelto positivamente.

José Juan Díaz Trillo ha señalado que Andalucía se ha dotado de los instrumentos legales necesarios para el desarrollo de una industria minera impregnada de los principios de sostenibilidad, adaptando los procesos de prevención, control y restauración ambiental a las exigencias de la sociedad andaluza.

Para el consejero de Medio Ambiente, la implantación y desarrollo por parte de su departamento de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA), “lejos de frenar la actividad minera en la región ha permitido el desarrollo de nuevos proyectos gracias a una norma garantista que simplifica y agiliza los procedimientos administrativos relacionados con la protección del medioambiente, al integrar en un único permiso todos los requisitos y autorizaciones”, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en una nota.

El plazo máximo para la resolución de una AAU, necesaria para las explotaciones mineras, es de ocho meses, mientras una Autorización Ambiental Integrada (AAI), que se exige a la actividad industrial vinculada a la extracción minera, se resuelve en diez meses.

En el periodo 2008-2012, la Consejería de Medio Ambiente ha tramitado positivamente 34 Autorizaciones Ambientales Integradas, mientras que solo una se ha resuelto de forma negativa. En cuanto a las Autorizaciones Ambientales Unificadas, en este periodo se han resuelto positivamente 99 expedientes, 36 de ellos durante el pasado 2011.

Entre los proyectos de minería metálica que actualmente se evalúan en la Consejería de Medio Ambiente se encuentran los de las minas de La Zarza y Lomero-Poyatos, todos ellos en la provincia de Huelva.

Díaz Trillo ha resaltado que la Junta de Andalucía “no pondrá freno al desarrollo de estas iniciativas empresariales, aunque nada que no sea sostenible y cuente con las garantías medioambientales sería ya admisible dentro de este sector”.

La sociedad andaluza, ha añadido el consejero, exige una nueva minería basada en los principios del desarrollo sostenible y respetuosa con los valores medioambientales y cuenta con los recursos, los conocimientos y la tecnología para alcanzar este fin.

Compromiso del Sector

En esta línea, el titular de Medio Ambiente del Gobierno andaluz ha destacado el compromiso del propio sector por minimizar el impacto ambiental de su actividad gracias a la implantación de exigentes medias correctoras en el tratamiento de las aguas, residuos y suelos, así como la minimización de sus emisiones a la atmósfera.

El desarrollo de la minería desde estas premisas, ha añadido el consejero, permite mejores expectativas de negocio y unos mayores niveles de competitividad y productividad, favoreciendo la creación de empleo de calidad y el incremento del valor añadido.

Durante estos dos días se ha debatido en estas jornadas las novedades legislativas en la materia, los proyectos mineros que se desarrollan en la Faja Pirítica y el impacto socioeconómico de este sector en las provincias de Huelva y Sevilla, la aplicación de nuevas tecnológicas, la evolución del mercado de metales o la rehabilitación de los espacios mineros.

Emed Tartessus, la empresa anglo-chipriota que pretende reabrir Minas de Riotinto, insiste en que no ha incurrido en ningún “incumplimiento sistemático” con las balsas de estériles, aunque reconoce que declinó toda responsabilidad con las bombas que no podía vigilar, negando que haya sido demandada por Minas de Riotinto en el proceso que mantiene abierto contra Mantesur y que podría afectar a la titularidad de sus terrenos, ya que se pide la nulidad de la venta de la Unidad Industrial.

La empresa, en un burofax en el que puntualiza la información publicada en Viva el pasado 18 de enero, asegura que la demanda no se dirige contra Emed, algo que queda claro en la citada información, en la que se afirma que la Comisión Liquidadora la incluye como “parte del procedimiento”, lo que corrobora el propio hecho de que el juez que admitió a trámite la demanda le haya comunicado a la empresa la existencia del procedimiento, hecho admitido por Emed.

En cuanto a las denuncias acumuladas, Emed asegura que todas han sido sobreseídas o archivadas a excepción de la de la Agencia Andaluza del Agua, que también se dirige contra Rumbo 5.Cero y Zeitung, y que la inclusión de los expedientes en la demanda de la Comisión “no implica” que se refieran a hechos cometidos por Emed, lo que también queda claro en la información del 18 de enero al afirmarse que “corresponde al periodo” en el que esta empresa ya era propietaria de la Unidad Industrial.

En cuanto a la desvinculación de las obligaciones de mantenimiento de las presas, insiste Emed en que nunca ha renunciado a sus obligaciones y que es la única autorizada a tal efecto por la Junta, asegurando que el burofax publicado -culminación de una serie de comunicaciones entre ambas empresas- sólo hace referencia “a las bombas de agua propiedad de Emed” y cuya vigilancia impedía Rumbo 5.Cero.

Sí que admite, como reproduce el burofax publicado el 18 de enero, que “lo que se hace es declinar la responsabilidad por daños, averías o roturas de las citadas bombas y las consecuencias del mal funcionamiento de las mismas”.

Apunta Emed que desconoce “los motivos” por los que la Comisión decide sobre la autorización de la actividad minera en Riotinto e insiste en que “no ha incurrido en incumplimiento sistemático alguno” y que su labor con las balsas se ha visto “dificultada” por la “actitud obstructiva de Rumbo y Zeitung”, extremo que ambas empresas han rechazado en varias ocasiones y que las llevaron a denunciar a Emed por vertidos de aguas ácidas a cauce público y a sus propios terrenos.

Con respecto al informe que le presentó un trabajador en abril de 2008 sobre las actuaciones que deberían realizarse en las balsas, Emed dice desconocerlo y alude a comunicaciones posteriores de Carlos Estévez y que ha denunciado ante el juzgado.

Tal informe, cuya traducción obra en poder de Viva, fue remitido a Harry Anagnostaras, Emed Minning manager director, y a William Enrico, gerente del Proyecto Riotinto, el 25 de abril de 2008 por el gerente de su centro de trabajo, y en él se especifican todos los trabajos preventivos a realizar en las balsas así como una estimación de sus costes. Ese trabajador, que fue despedido junto a otros cinco integrantes de la plantilla de Emed, insiste en que sus indicaciones nunca fueron atendidas por los directivos de la empresa.

El Apunte

Corta Atalaya y las denuncias por su inundación

Fue el pasado 1 de septiembre cuando en estas mismas páginas recogíamos la alerta que Rumbo 5.Cero daba sobre el estado de deterioro que presentaba la Corta Atalaya, cuyos técnicos desaconsejaban su apertura a corto plazo a no ser que Emed Tartessus adoptara las medidas correctoras necesarias. Emed aducía un hipotético derecho de paso por las propiedades de Rumbo para acceder a Corta Atalaya, cuando la empresa anglo-chipriota puede hacerlo por sus propios terrenos. Cuando ha llegado la alarma social, es Emed la que tiene que asumir en solitario el coste de su recuperación y de los seguros para reabrirla al público.

La Junta sitúa en Emed la responsabilidad de la Corta

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, precisó ayer a Emed Tartessus, con cuyos directivos -Harry Agnostaras y Bill Enrico- se reunió, que según la Ley de Patrimonio el deber de conservación de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es Corta Atalaya le corresponde al propietario de los terrenos en los que se encuentra, en este caso, a Emed Tartessus.

Según Jiménez, que estuvo acompañado por la delegada de Economía, Innovación y Ciencia en la provincia, María José Asensio, este departamento también realizará un informe sobre las condiciones estructurales de la Corta, tras las denuncias por el estado de deterioro e inundación.

Precisamente ayer, el PP, encabezado por la parlamentaria Loles León, visitó Corta Atalaya y exigió a la Junta que asumiera sus competencias e interviniera en el BIC, respaldando la tesis de la empresa de que el deterioro se debe a la falta de actividad en la mina.

Sobre el proyecto, en la reunión entre Junta y Emed, Jiménez les comunicó que han solicitado al Instituto Geológico y Minero (dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad) y al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Ministerio de Fomento) informes sobre las técnicas y modos de operación propuestos para el proyecto de Riotinto.

Así, los informes preceptivos de estos dos organismos se tramitarán de forma paralela a los trabajos de análisis que realiza la Junta desde el 1 de septiembre de 2010, fecha en la que Jiménez sitúa la entrega de documentación e inicio del expediente.

Además, han solicitado informes sobre el proyecto de aprovechamiento y plan de restauración, el método de explotación, gestión del ciclo del agua y gestión de residuos en relación a las balsas, además de los métodos de cálculo y modelos numéricos empleados por el promotor.

El responsable de minería en Andalucía del sindicato CCOO, Carlos Núñez, ha criticado la decisión “unilateral” del Gobierno central de suprimir las ayudas para infraestructuras del Miner de los Presupuestos del 2012, incumpliendo lo pactado y sin tener en cuenta a la comisión de seguimiento del plan estatal para la reestructuración de las comarcas mineras, y advierte de que, si no da marcha atrás, esto supondrá “la muerte total” del Guadiato.

Carlos Núñez ha reivindicado el papel de la comisión de seguimiento, de la que forman parte el Ministerio de Industria, los sindicatos y la patronal del carbón y que “es la que tiene que discutir y cordar cualquier cambio”, por lo que ha solicitado una convocatoria urgente para tratar el plan 2006-2012. El dirigente de CCOO recuerda que en la comarca del Guadiato se han de invertir 21 millones de euros, y “no se va a consentir la pérdida de los fondos que nos pertenecen por derecho”, puesto que “ya hemos pagado un precio muy alto con la restructuración minera y su consiguiente pérdida de empleo”.

Por otra parte, Núñez ha exigido que se “deje de crear incertidumbre en las cuencas mineras con lo que respecta a las partidas presupuestarias que están firmadas para las comarcas”, ya que entiende que “son muchos los problemas que afectan a la zona del Valle del Guadiato ya desde la década de los 90, cuando se puso en marcha todo el proceso de reestructuración del sector minero”. Ante esto, el responsable de minería de CCOO para Andalucía opina que el Gobierno del PP, “lejos de retomar y corregir los desajustes producidos por una gestión poco operante, da un paso más allá y pretende (con esta decisión) eliminar de raíz cualquier posibilidad de recuperación socioeconómica de las comarcas mineras”.

Núñez también se ha referido a la invitación de Industria a los alcaldes de la zona para analizar la situación, de la que ha dicho que le suena “a algo vivido antaño, cada uno por su lado y a ver quién queda mejor ante la opinión pública”. Por ello, apela a la unidad y recuerda que el Miner “no es de ningún signo político, sino de toda la ciudadanía guadiateña”.